Valeria Carreras amplió este lunes una denuncia penal contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a raíz de la muerte por coronavirus de otra trabajadora de una escuela porteña.
«Vamos monitoreando todos los días, no sólo los contagios, sino la ocupación de camas de terapia, las camas de internación general, la ocupación en el sistema de hoteles en la Ciudad y el nivel de testeos», indicó el jefe de Gabinete porteño.
La Ciudad extendió la concesión del predio a la firma Telemetrix, que vencía a fines de este mes, hasta julio y diciembre de este año, ya que el terreno se encuentra divido en dos sectores.
La Ciudad registró en los últimos tres días largas colas y demoras de hasta cuatro horas para realizarse testeos. Ante este panorama, el Gobierno porteño pidió que quienes no tienen síntomas no vayan a testearse.
Tras la nueva aglomeración de personas que acudieron a vacunarse el Monumental, un funcionario de la Ciudad admitió un «error» en la reprogramación de turnos del personal de salud.
Uno de cada siete porteños «no accede formalmente al agua potable», en ese marco, denunciaron «el doble estándar sanitario» del Gobierno de la Ciudad que, según expresaron, «fue puesto en evidencia por la pandemia».
A raíz de la vuelta a clases y la apertura de las actividades desde esa fecha se restablecerán las restricciones habituales en avenidas y calles porteñas.
El Gobierno porteño programó una serie de subas en los servicios de subte, taxi, estacionamiento y Verificación Técnica Vehicular, con incrementos que van desde el 20% hasta el 100%.
El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.
La titular de la obra social de los jubilados aseguró que el organismo «nunca fue convocado para vacunar» y pidió «encarecidamente» a Rodríguez Larreta «que no se olvide de las afiliadas y de los afiliados de PAMI, que son los más vulnerables».
La denuncia fue realizada por la abogada Natalia Salvo, por presunta «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales», lo que consideró que «es una estafa a la ciudadanía y al Estado nacional».
Quinto Poder