La Policía bonaerense allanó esta mañana, por pedido de la Fiscalía General de San Isidro, la casa y el consultorio del médico, en el marco de la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de Diego.
Durante la primera jornada de audiencias públicas la autoridades de la Ciudad defendieron el proyecto «Parque Salguero», mientras referentes de organizaciones sociales lo criticaron la iniciativa porque, entre otros temas, consideran que construye una «muralla de torres» frente al río.
Mauricio Macri y otros líderes del PRO y la UCR fogonearon movilizaciones en plena fase de Aislamiento (ASPO) y este sector no denunció nada, y ahora, en fase de Distanciamiento (DISPO), buscan cuestionar al Ejecutivo nacional.
Conjuntamente con el Proyecto de Ley de los 1000 días, serán discutidos en la Cámara baja durante la semana próxima en varios plenarios de comisiones, con la presencia de funcionarios y especialistas, para emitir dictamen de las iniciativas entre jueves y viernes.
En una segunda declaración ante los fiscales, la enfermera, de nombre Gisela, ratificó lo dicho en la primera. Además, se constató que la ambulancia tardó 11 minutos en llegar a la casa del country de Tigre.
Por la jurisdicción donde ocurrió el deceso, la causa está a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien, junto a dos secretarios, se dirigieron al barrio privado San Andrés de Tigre.
La iniciativa comenzará a discutirse el lunes o martes de la próxima semana. Para organizar el esquema de trabajo, previo al inicio del debate, se reunirán el jueves las autoridades de las cuatro comisiones por las que pasará el proyecto.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó esa medida para la vicepresidenta y otros 200 ex funcionarios y empresarios.
«No creo que lo dictaminemos inmediatamente. Nos vamos a tomar un par de días. Queremos escuchar a todos», anticipó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio.
La intención del bloque del Frente de Todos (FdT) es que la iniciativa cuente con media sanción antes del 30 de noviembre, cuando concluye el período de sesiones ordinarias. Las tres propuestas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a senadores opositores.
Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron que la titular de la Coalición Cívica sea citada en la causa que investiga el espionaje M durante el gobierno de Cambiemos, tras acusarla de intentar cubrir a la banda del espía detenido Marcelo D´Alessio. Según los letrados, Lilita se habría nutrido de esas escuchas ilegales.
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