«La mejor manera de encarar la vacunación es como la plantea la Ciudad, que suma los esfuerzos del sector público y el sector privado para dar soluciones más rápidas y efectivas», sostuvo el ex mandatario tras la imputación al jefe de Gobierno porteño.
El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.
La titular de la obra social de los jubilados aseguró que el organismo «nunca fue convocado para vacunar» y pidió «encarecidamente» a Rodríguez Larreta «que no se olvide de las afiliadas y de los afiliados de PAMI, que son los más vulnerables».
La imputación se dió en el marco de la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.
El inicio de la serie de audiencias será este miércoles desde las 14, bajo la modalidad virtual, por lo cual se transmitirá a través de YouTube. Debido a la cantidad de inscriptos, que suman 1.247, la audiencia se extenderá por nueve jornadas.
La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procedieron a sancionar establecimientos porteños tras detectar la existencia de sobreprecios en productos del programa Precios Máximos.
Desde la Ciudad confirmaron que «trabajando en equipo estamos avanzando para garantizar la presencialidad tan necesaria para nuestros chicos y chicas».
Desde los gremios plantean la deficiencia en protocolo y burbujas, en la infraestructura de cada escuela y proponen un regreso bimodal.
El letrado indicó que acusaron a «funcionarios del Gobierno de la Ciudad» y que solicitaron que se investigue «no solo a los procesados, sino hacia arriba», ya que, por ejemplo, «quedaron afuera del proceso el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión».
Los dirigentes eran jefe de Gobierno y jefe de Gabinete de la Ciudad cuando se registró el incendio. Cuestionan que el deposito tenía deficiencias en materia de seguridad y que cinco agencias que fueron a cotejar su situación dieron informes negativos.
Medio centenar de personas se reunieron en Azara y Jovellanos, donde sonó la sirena en homenaje a sus seres queridos, al cumplirse el séptimo aniversario del incendio.
Quinto Poder