El oficialismo intentó bloquear su tratamiento, pero los dos tercios del cuerpo impusieron el debate y luego todos los bloques acompañaron la iniciativa.
El Honorable Concejo Deliberante de Morón aprobó por unanimidad el pedido de informe presentado por el bloque de Fuerza Patria para que el Departamento Ejecutivo brinde precisiones sobre la situación del laboratorio del CAPS Springolo. La iniciativa se trató sobre tablas en la última sesión ordinaria, luego de una votación clave que expuso la debilidad del oficialismo local, luego de la ruptura a instancias del intendente Ghi.
Intento fallido de bloqueo
El proyecto ingresó para su tratamiento sobre tablas, instancia en la que el bloque del Movimiento Derecho al Futuro — que responde al intendente Lucas Ghi— intentó impedir su abordaje, con el acompañamiento de las dos concejalas del Frente Renovador.
Sin embargo, la maniobra no prosperó. Con 16 votos afirmativos contra 8 negativos del oficialismo y sus aliados, las dos terceras partes del cuerpo habilitaron el tratamiento del expediente, haciendo valer la mayoría necesaria para discutir el tema en el recinto.
De la negativa a la unanimidad
En un giro que llamó la atención, el pedido de informe fue aprobado acto seguido por unanimidad, incluso con los votos de los ediles que minutos antes habían intentado frenar su tratamiento.
La concejala Vanina Moro expuso la posición del bloque ghiista ante el silencio de su presidente, Agustín Ramponelli, y reconoció que existe “un manto de desinformación en la comunidad”, al tiempo que afirmó: “desde este bloque acompañaremos el pedido de información”. También advirtió que la situación sanitaria se agrava por el contexto social: “la cantidad de vecinos que hoy se atienden en los centros de salud tras haber perdido el uso de la obra social o las prepagas”. Señalado ese contexto, justificó el recorte planteado por el departamento ejecutivo como una optimización de recursos.
Fundamentos y críticas en el recinto
Durante el debate, el concejal Diego Spina cuestionó con dureza el trasfondo de la medida y sostuvo: “Yo no creo que sea una política de salud. Me parece que hay una responsabilidad en la administración de los recursos económicos” . En esa línea, agregó: “es una decisión económica” y advirtió que el eventual desmantelamiento del laboratorio implicará consecuencias concretas: pérdida de rapidez en la atención y un escenario de incertidumbre para los trabajadores.
Spina también vinculó la decisión con otras definiciones del Ejecutivo municipal, al señalar que se resignan ingresos en distintos sectores mientras se ajusta en áreas sensibles como la salud pública: “Guido Napolitano (el actual Secretario de Economía comunal) no le quiere cobrar a las estaciones de servicio, no le quiere cobrar a los usureros dueños de Pedidos Ya. Le da el terreno a Pedidos Ya y va y le paga él… y le paga los seguros. Como el colegio Ward nos presta un terreno, vamos y también le pagamos los seguros. Se paga un seguro especial por el teléfono celular del señor intendente.”, y remarcó que “no es una medida económica al azar y no es tampoco una medida desde el punto de vista de política sociosanitaria”
Qué solicita el pedido de informe
El proyecto aprobado solicita en su único artículo que el Departamento Ejecutivo informe, a través de las áreas competentes, sobre “el funcionamiento y estado actual del laboratorio de análisis clínicos del Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Springolo de El Palomar”, ante la posibilidad de cierre denunciada por trabajadores y vecinos
Asimismo, se requiere información sobre el destino de las prestaciones que actualmente se realizan en el centro de salud, el impacto en la atención de los pacientes y la situación laboral de los trabajadores del área.
Los fundamentos del proyecto advierten que el eventual cierre del laboratorio implicaría privar a la comunidad del acceso a prestaciones esenciales de atención primaria, afectando directamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario local. En ese sentido, se pone de relieve no solo la importancia estratégica del servicio de análisis clínicos, sino también el impacto concreto que su desmantelamiento tendría en los vecinos, en un contexto donde ya se registran faltantes de prestaciones como odontología y ecografía, y donde la salud pública “no puede ser entendida como un gasto a recortar, sino un derecho indelegable que el Estado debe garantizar” .


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