La investigación publicada por el periodista Pedro Ivanoff en Tribuna de Periodistas expuso una serie de hechos de gravedad institucional y legal que atraviesan la política de seguros del Municipio de Morón. El primero remite a la designación de la firma Green Umbrella Broker S.A. mediante una simple nota dirigida al Banco de la Provincia de Buenos Aires, un mecanismo que prescindió de procedimientos competitivos y que instala sospechas sobre posibles vínculos indebidos y falta de transparencia en la administración de fondos públicos.
Seguros, privados y fondos públicos
El otro eje crítico se centra en la relación del Estado municipal con actores privados. En el caso de la empresa Pedidos Ya, el Municipio firmó un convenio mediante el cual cedió un predio ferroviario en Haedo. Sin embargo, además de esa cesión, los vecinos de Morón afrontan el costo del seguro de responsabilidad civil, que alcanza los $338.800 mensuales pagaderos en dólares (U$242). La operatoria resulta, cuanto menos, cuestionable: los gobiernos locales tienen vedado destinar recursos públicos en beneficio exclusivo de privados, principio que en el pasado derivó en la destitución del ex intendente Juan Carlos Rousselot y la condena de su secretario de obras públicas Néstor Achinelli por hechos de similar naturaleza.
El caso Ward: dólares, seguros y desproporción
Con el Colegio Ward, la situación adquirió un carácter aún más escandaloso. La institución cedió al Municipio una esquina de su predio para la instalación de una pequeña plaza con aros de básquet. A cambio, la comuna asumió el pago del seguro del lugar. Hasta allí, el esquema podría encuadrarse dentro de un convenio de uso comunitario. Sin embargo, los números desnudan otra realidad.
La póliza alcanzó los U$S 15.257 anuales, pagaderos en moneda extranjera, lo que representa un salto significativo respecto de períodos anteriores, donde el mismo concepto ronda valores sensiblemente menores. La documentación de pagos evidencia que el Municipio sostuvo esta erogación dentro de un esquema más amplio de seguros que, en su conjunto, implica cifras millonarias mensuales .

La pregunta deja de ser administrativa para volverse política: ¿resulta razonable que un municipio financie en dólares el seguro de un predio privado por la instalación de una plaza de escala barrial?
Un esquema bajo sospecha
El caso Ward no aparece aislado. Forma parte de un sistema donde la intermediación de seguros queda concentrada en un broker designado sin licitación, con participación en pólizas de distinta naturaleza y montos crecientes. En ese contexto, cada contratación deja de ser un acto puntual para integrarse en un esquema general que plantea interrogantes sobre la finalidad del gasto y la existencia de eventuales sobrecostos.
Desde el punto de vista jurídico, los elementos disponibles no alcanzan para afirmar la existencia de un delito consumado. Pero, sí configuran indicios de posibles irregularidades graves: abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta y/o desvío de poder, figuras que podrían analizarse en sede judicial si se acreditaran extremos adicionales.
La responsabilidad política
Los responsables políticos de este esquema son el intendente Lucas Ghi, el secretario de Economía Guido Napolitano y la jefa de Gabinete Estefanía Franco. La dimensión de los montos y la naturaleza de los convenios colocan bajo análisis la política de administración de seguros del Municipio.
Ahora, tanto el Tribunal de Cuentas Provincial como el Concejo Deliberante de Morón quedan en el centro de la escena. De su actuación dependerá determinar si se trató de decisiones administrativas discutibles o de un entramado que avanza sobre los límites legales del uso de los recursos públicos. Quizá llegó la hora de mostrarle a la ciudadanía moronense porqué el parlamento y los órganos de contralor en ninguno de los niveles del Estado deben funcionar como una escribanía del intendente de turno.


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