Una investigación periodística expuso denuncias de amenazas, inspecciones selectivas y presiones contra comerciantes del distrito. El tema llegó al Concejo Deliberante con un pedido de informes del concejal Ariel Aguilera, del bloque Todos por Argentina.
Una investigación publicada por el periodista Pedro Alejandro Ivanoff bajo el título “Morón: la Cosa Nostra del Oeste” expuso una serie de denuncias sobre presuntas prácticas de presión política, persecución administrativa y vínculos entre funcionarios municipales, sectores del fútbol y operadores locales en el distrito gobernado por el intendente Lucas Ghi.
El informe tomó como eje el testimonio de Jessica Ivana Arellano, comerciante de la zona, quien denunció que luego de realizar reclamos públicos sobre seguridad, presencia de manteros y falta de controles municipales comenzó a sufrir amenazas, inspecciones dirigidas y citaciones judiciales.
Según relató la denunciante, los hechos comenzaron a escalar cuando una periodista de Telefe se interesó en cubrir el caso y anunció la llegada de un móvil televisivo al distrito.
Una llamada «oportuna»
De acuerdo con la investigación, pocos minutos después de conocerse la posible cobertura mediática Arellano recibió un llamado de la funcionaria municipal Ludmila Fontana, quien se desempeña como Directora de Asesoría General de la Dirección de Comunicación Digital, área dependiente de la Jefatura de Gabinete municipal conducida por Estefanía “Tofi” Franco.
La comerciante sostuvo que, tras ese contacto, inspectores municipales se presentaron en sus locales un día sábado para sancionarlos por cartelería colocada en la vereda, algo que, según le habrían reconocido los propios empleados, no formaba parte del esquema habitual de controles.
El rol de Desarrollo Productivo y el Tribunal de Faltas
Otro de los nombres que aparece en la investigación es el de Santiago Muñiz, secretario de Desarrollo Productivo del municipio, quien mantuvo conversaciones con la comerciante en medio del conflicto.
Arellano aseguró que el funcionario mencionó un supuesto acompañamiento suyo al Tribunal de Faltas, hecho que la denunciante negó categóricamente. Días después recibió una citación judicial, situación que interpretó como una advertencia vinculada a sus reclamos públicos.
En el reportaje difundido por el portal Tribuna de Periodistas, la comerciante afirmó incluso:
“Hago responsable por mi vida a Santiago Muñiz”, en referencia al clima de amenazas que, según su versión, comenzó a rodear el conflicto.
Barrabravas y presiones
El informe también incluyó un elemento particularmente delicado: la presunta participación de integrantes de la barra brava del Club Deportivo Morón en episodios de intimidación contra la comerciante.
Según su relato, personas vinculadas a ese entorno le habrían advertido que “sabían quién era” y que seguían sus publicaciones en redes sociales, e incluso uno de ellos se presentó personalmente en su local para presionarla.
Para la denunciante, estas situaciones formaron parte de un esquema de presión destinado a disciplinar a comerciantes que reclaman públicamente contra decisiones municipales, especialmente en torno a la instalación de manteros en zonas comerciales.
La interna política también aparece en los audios
El artículo también difundió audios de conversaciones con la funcionaria Ludmila Fontana, donde —según la investigación— se mencionaron tensiones entre el Ejecutivo municipal y concejales del distrito.
En esos intercambios se sostuvo que algunos concejales habrían condicionado la aprobación del presupuesto municipal a la entrega de contratos, una afirmación que, según el propio artículo, requeriría ser aclarada públicamente para evitar que la acusación recaiga sobre todo el cuerpo legislativo.
El caso llegó al Concejo Deliberante
Tras la difusión del informe periodístico, el tema ingresó al ámbito institucional.
El concejal Ariel Aguilera, integrante del bloque Todos por Argentina y alineado políticamente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presentó un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo municipal para que explique las actuaciones administrativas vinculadas con el caso.
La iniciativa solicita información sobre inspecciones comerciales, actuaciones del Tribunal de Faltas y eventuales expedientes vinculados con la comerciante denunciante.
Otro caso que golpea a la gestión local
La investigación periodística abrió un fuerte debate en Morón sobre el funcionamiento de las áreas de control municipal, la relación con comerciantes y el uso de herramientas administrativas frente a reclamos vecinales.
En su artículo, Ivanoff sostuvo que, de comprobarse las denuncias, se estaría frente a una red de presiones institucionales y extra institucionales que combina funcionarios, mecanismos administrativos y actores informales de poder.
El caso ahora escaló al plano político e institucional y volvió a colocar bajo la lupa la gestión del intendente Lucas Ghi en el distrito.
Quinto Poder 
0 comments on “Argentina. AMBA. Morón. Denuncian una trama de aprietes, persecución a comerciantes y vínculos entre funcionarios ghiistas y barrabravas.”