El juez laboral Herman Mendel suspendió las actuaciones administrativas sobre un grupo de trabajadores que habían sido dictadas por la administración libertaria. Esa medida, que había sido festejada por Adorni, fue considerada como un acto de “persecución y hostigamiento”.
Los sumarios abiertos contra trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan que protagonizaron protestas y la amenaza del Gobierno con el desafuero de representantes gremiales para despedirlos (cuando la investigación recién empezaba), fueron evaluados por el juez laboral Herman Mendel como un “obstáculo” para la libertad sindical y un “antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”. Al conceder una medida cautelar a pedido de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución, el magistrado ordenó suspender el trámite de esas actuaciones administrativas y dijo que las asumirá el propio juzgado. Sostuvo que se puede presumir la existencia de “persecución y hostigamiento”.
Qué pasó
A fin de octubre pasado empleados/as del hospital de pediatría pidieron reunirse con el interventor Mariano Pirozzo a raíz de que se habían aplicado descuentos muy significativos por días de paro. Había mujeres, por ejemplo, con sueldos de 1 millón de pesos, a quienes se les había quitado la mitad. “La situación era muy crítica y nunca habíamos tenido ni una mesa de diálogo. No nos contestaban ni la dirección ni el consejo y por eso ese día nos plantamos ahí pidiendo que viniera alguna autoridad. Fue una protesta pacífica, reclamábamos la devolución del dinero. La respuesta fueron los sumarios”, repasa Norma Lazana, nutricionista y secretaria general de APyT.
A raíz de la apertura de 40 sumarios, doce de los cuales apuntaban a cesantías de delegados y trabajadores sindicalizados, APyT presentó un amparo y pidió una medida cautelar en representación de estos últimos para suspender esas actuaciones. Luego ampliaron su denuncia a raíz de que un informe preliminar de la abogada sumariante Fernanda Marino –que integra el equipo legal del hospital–, evidentemente llegó altos funcionarios del Gobierno nacional en pleno trámite. El reporte recomendaba la dirección la suspensión de 29 trabajadores y la cesantía del resto.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió en su cuenta de X el 3 de febrero: “El que las hace, las paga. El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder a sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin. Fin”.
El sumario no sólo no estaba concluido sino que los trabajadores/as recién acababan de ser notificados para hacer sus descargos y presentar pruebas. Pero Adorni ya sabía cómo terminaría. El hospital también hizo una publicación: dijo que se había concluido que “luego de meses de investigación” que “11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte sino por haber diseñado, dirigido y efectuado” lo que describieron como una “toma” que –siempre según la intervención, que responde al gobierno nacional—que se “puso en riesgo el funcionamiento del hospital” “en lugar de recurrir a la justicia”. Lezana cuenta que esto generó enorme preocupación y confusión, porque el sumario no estaba terminado y no existían tales cesantías. Decía la dirección del Garrahan: “Desafortunadamente 10 de estas personas tienen tutela gremial”.
La cautelar
El juez Mandel explicó que la investigación sumaria está dentro de las facultades del hospital, pero su trámite no puede generar la “alteración efectiva o potencial de las funciones de orden sindical” de las personas cuya conducta es analizada porque eso “vulneraría el derecho a la libertad sindical”. Advierte que la publicación de Adorni, de quien depende le Garrahan, implicarían “una amenaza o perturbación para la normal continuidad de las funciones sindicales a cargo de los accionantes, que claramente afectaría a los propios accionantes y a todo el colectivo de trabajadores por ellos representados, sin perjuicio de sus efectos potenciales hacia otros empleados, por vía de la solapada amenaza que ello implicaría para quienes eventualmente se propongan llevar a cabo en el futuro acciones de orden sindical que no resulten del agrado de la patronal”.
Por los “términos asertivos” del mensaje sostiene que es probable que “esas expresiones no resulten meramente hipotéticas, como la demandada alega, y que –en realidad– supongan un adelanto extraoficial de la resolución del sumario o, al menos, una circunstancia que ponga en duda la imparcialidad con la que se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes”.
El juez admite que es verosímil el planteo trabajadores/as nucleados en APyT que señalaron “una suerte de persecución u hostigamiento a los representantes y activistas sindicales involucrados” que se confirmaría con “el adelantamiento extraoficial de la conclusión que recaerá en aquellas actuaciones” que “implicaría un obstáculo actual, para dichos representantes y activistas, en cuanto al desarrollo de las actividades que hacen al ejercicio de la libertad sindical (tanto en su plano individual como colectivo)” y hacia adelante sería “un peligroso antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores (actuales o futuros) de la demandada, todo ello en clara violación del derecho de libertad sindical, derecho de indudable raigambre constitucional…”
Por todo esto hizo lugar a la medida cautelar pedida por una docena de personas, ordenó suspender los sumarios y que pasen a ser tramitados por el juzgado, no por las autoridades del hospital, cuya imparcialidad puso en duda, además de dejar a la vista el condicionamiento ejercido por el jefe de gabinete. El efecto es para los 12 trabajadores que impulsaron este pedido. El resto se sumó con posterioridad y tramitaría en forma separada.
La intervención tiene tres días para apelar pero esto no cambia la situación de suspensión de los sumarios. Recién se confirmaría o modificaría cuando resuelva la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Estado de situación
La lucha de los trabajadores/as del Hospital Garrahan mostró que no era en vano cuando el Gobierno terminó reconociéndoles un 61% de aumento. En el camino cerca de 300 profesionales, dice Lezana, dejaron la institución y los servicios se vieron debilitados. Remarca que el castigo es incesante y tiene distintas modalidades que incluyen desde el retiro de las 45 vacantes para el jardín maternal hasta la notificación a fines enero, a profesionales que tenían contratos de empleo público y cubrían guardias que los daban por finalizados. Son bioquímicos, emergentólogos, kinesiólogos, entre otros, a quienes se les anunció que si querían cobrar lo harían bajo la modalidad de locación de servicios.
El hostigamiento, explica Norma, se agudiza a través de ciertos medios de comunicación: el 10 de febrero, por ejemplo, apareció en el programa de Eduardo Feinmann una imagen de una cámara de seguridad de adentro del hospital acusando a otro trabajador, Maximiliano Bares por el simple hecho de pegar un papel en una cartelera. El insólito planteo es que “convocaban al paro” y “a los sindicalistas no les importan los niños”. “Es como si nos aplicaran la reforma laboral de manera anticipada”, dice Lazana. “Apuntan al vaciamiento del hospital”, agrega.
Ambos hicieron un video en el que celebran el fallo como “una bocanada para salir adelante” que les da la razón. “Somos los que hace cuarenta años construimos este amado Hospital Garrahan”, se la escucha. El llamaba a “escuchar” en lugar de “perseguir” “a quienes defendemos al hospital”. Este jueves convocan a las 13 horas a un abrazo al hospital “para defender y festejar el fallo”.
Fuente: Página 12
Quinto Poder 
0 comments on “ARGENTINA. La lucha contra el vaciamiento del hospital Garrahan sigue en pie: fallo favorable a la libertad sindical”