Mientras la Justicia avanza sobre una presunta maniobra superior a los nueve millones de dólares en el mercado de capitales, desconocidos ingresan a robar a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón. El episodio agrega tensión a un expediente que involucra a sociedades de bolsa, operadores financieros y empresas tomadoras de pagarés.
El robo en la sede judicial
La sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón sufrió un ingreso delictivo en las últimas horas, según informó el portal regional Primer Plano Online. El hecho generó preocupación en el ámbito judicial local, en un contexto de causas sensibles que tramitan en el Departamento Judicial.
Si bien no trascendieron oficialmente los detalles sobre los elementos sustraídos, el episodio se produjo en paralelo con el avance de investigaciones de alto impacto económico y penal.
La causa por pagarés bursátiles no garantizados
En el Departamento Judicial de Morón, la Unidad Funcional de Investigación N° 5, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, avanzó con celeridad en una investigación por una presunta operatoria con pagarés bursátiles del segmento “No Garantizado”.
Según surge de la ampliación de denuncia presentada por el empresario Jorge Osvaldo Salvatierra, la maniobra habría generado un perjuicio superior a los 9 millones de dólares . El escrito incorporó una reconstrucción cronológica de operaciones, cadenas de correos electrónicos y registros de conformidades operativas vinculadas a BALANZ Capital Valores S.A. y COCOS Capital S.A. .
La denuncia describió ejecuciones sistemáticas con roleos permanentes, cauciones diarias y sobreapalancamiento progresivo, sin mandato válido ni autorización expresa del titular de los fondos . También señaló que numerosas operaciones se convalidaron mediante simples respuestas electrónicas “OK” emitidas por terceros sin poder de representación .
El perjuicio denunciado superó los USD 9.394.000 e incluyó costos financieros derivados del apalancamiento, modificaciones de aforos y sustitución de activos de bajo riesgo por instrumentos de mayor exposición .
Empresas bajo análisis y nuevas medidas
La investigación puso bajo la lupa a dependientes de JANOS GROUP SRL, UNIV 7 SAS, RESNON SA, SUPERCANAL S.A., AUTOMÓVILES SAN JORGE S.A., LOS LAPACHOS S.A., CALLAO ARGENTIN y COMPAÑÍA GENERAL DE MINERALES SRL, entre otras firmas vinculadas como tomadoras de pagarés.
La fiscalía solicitó legajos completos, perfiles de riesgo, eventuales mandatos de administración discrecional, registros de órdenes, grabaciones telefónicas y cadenas internas de comunicaciones . Además, evaluó nuevas medidas cautelares, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos, mientras aguardó pericias técnicas en La Plata.
Uno de los ejes centrales de la ampliación radicó en el presunto incumplimiento de los deberes regulatorios de las ALyCs, especialmente en la verificación de mandato y el respeto del perfil de riesgo del comitente . También se analizó un posible conflicto de intereses, con operadores que actuaron “a ambos lados del mostrador” .
Un clima enrarecido
El robo en la Asociación de Magistrados se produjo en un momento de alta sensibilidad institucional. Si bien no existe hasta el momento vinculación oficial entre ambos hechos, la simultaneidad temporal instaló interrogantes en el foro local.
La causa penal ingresó en una etapa probatoria más intensa, con foco en la trazabilidad de la operatoria y en la determinación de eventuales responsabilidades penales y regulatorias dentro del sistema financiero .
El expediente en cuestión ya dejó de ser una causa más. Se convirtió en un caso testigo sobre los controles en el mercado de capitales y la responsabilidad de intermediarios financieros en operaciones de alto riesgo.


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