La muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21) en la Quinta Presidencial de Olivos abrió una trama que combinó delito digital, fragilidad institucional y conexiones políticas locales. En ese escenario, el nombre de la vecina de El Palomar y militante del Movimiento Evita de Morón, Karen Yael Cufré, quedó bajo investigación judicial y generó un fuerte impacto en el Municipio de Morón.

El hecho en la Quinta de Olivos

Rodrigo Gómez, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, apareció sin vida en diciembre de 2025 en un puesto de vigilancia interno de la residencia presidencial. Presentó un disparo de su propia arma reglamentaria, un FAL, lo que en un primer momento orientó la pesquisa hacia un suicidio.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado tomó intervención en la causa y no descartó ninguna hipótesis. Con el avance de la investigación, surgió una línea vinculada a una maniobra de extorsión telefónica, conocida como sextorsión.

La banda y la extorsión

La investigación determinó que Gómez recibió amenazas de supuestos policías que exigieron dinero para “sacarlo limpio” de una falsa causa por contacto con una menor. La modalidad delictiva utilizó perfiles falsos en aplicaciones de citas y cuentas de WhatsApp que simulaban actuaciones judiciales o policiales.

La presión psicológica que sufrió el joven soldado formó parte del análisis judicial, que incluyó la figura de posible inducción al suicidio. La causa puso bajo la lupa a una banda que operó bajo ese esquema y cuyos integrantes mantuvieron distintos vínculos en el conurbano bonaerense.

El nombre que impactó en Morón

En ese marco, Karen Yael Cufré, vecina de El Palomar y militante del Movimiento Evita de Morón, quedó involucrada en la investigación. La mujer trabajó en la Central de Monitoreo del Municipio de Morón tras su contratación en febrero de 2025.

Según trascendió en ámbitos locales, su ingreso respondió a gestiones políticas: fue contratada por Estefanía Franco, actual jefa de gabinete del gobierno de Lucas Ghi a solicitud de la referenta del Movimiento Evita de Morón y actual concejala alineada al oficialismo local, Vanina Moro.

El vínculo político y su desempeño en un área sensible como el monitoreo de cámaras municipales encendieron alarmas en la opinión pública, en especial por la naturaleza de la investigación en curso.

El comunicado y la reacción oficial

Ante la toma de estado público de esta situación, el Municipio de Morón difundió un comunicado oficial a través de medios digitales. En ese texto, la Secretaría de Seguridad informó que Cufré fue incorporada como personal temporario en 2025 “conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso” y que, tras los hechos investigados, se dispuso su “cesantía inmediata” .

La difusión apresurada del mensaje oficial expuso la preocupación interna por el impacto político del caso.

Protocolos bajo la lupa

El caso no solo sacudió a las Fuerzas Armadas, que iniciaron una revisión de sus protocolos de seguridad y contención psicológica, sino que también puso en cuestión los mecanismos de incorporación de personal en áreas estratégicas del Municipio de Morón.

La presencia de una militante política en la Central de Monitoreo y su posterior involucramiento en una investigación de alta sensibilidad reavivó críticas sobre la rigurosidad de los controles y la profesionalización de los equipos de seguridad comunal.

Mientras la Justicia federal avanza en la determinación de responsabilidades penales, el impacto político ya se siente en Morón. La muerte de Rodrigo Gómez dejó una herida abierta en la institución militar y, al mismo tiempo, expuso un entramado que combina delito digital, fragilidad institucional y decisiones políticas que hoy enfrentan un severo escrutinio público.