MIRADAS. Elecciones en Moldavia con dudas de transparencia.

Mientras Moldavia busca acercarse a la Unión Europea, a la par limita la participación de observadores internacionales con credenciales sólidas y que opacan su credibibilidad como Estado aceptable para Europa y sus estándares.

Por Lois Pérez Leira

La reciente decisión de la Comisión Electoral Central de Moldavia de denegar la acreditación a Marina Urrizola, Directera Ejecutiva del Centro para la Observación Electoral y el Fortalecimiento de Posiciones en América Latina y el Caribe (COFLAC), para observar las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre, representa un preocupante retroceso en los compromisos democráticos de un país que aspira a la integración europea. Esta medida, justificada en base a tecnicismos legales cuestionables, limita significativamente la transparencia del proceso electoral y contradice abiertamente las aspiraciones europeas que Moldavia pregona.

Resulta paradójico que mientras Moldavia busca acercarse a la Unión Europea -bloque que fundamenta su proyecto en valores democráticos y transparencia- restrinja la participación de observadores internacionales con credenciales tan sólidas como las de Urrizola. COFLAC cuenta con amplia experiencia en observación electoral en América Latina y el Caribe, y su directora ha demostrado repetidamente un enfoque equilibrado y técnico, incluso reconociendo avances en sistemas electorales complejos como el venezolano. La negativa moldava, basada en una interpretación restrictiva de su propia legislación, parece más un pretexto que un fundamento legal sólido.

La justificación esgrimida por las autoridades moldavas no se sostiene ante un análisis riguroso de su propia normativa. Los extractos de la ley electoral moldava son claros al establecer que las organizaciones no gubernamentales extranjeras pueden solicitar acreditación si sus estatutos prevén misiones de observación electoral o actividades en el ámbito de los derechos humanos y valores democráticos. COFLAC, por su naturaleza y mandato, encaja perfectamente en este perfil, lo que hace que la negativa carezca de base legal sólida y se asemeje más a una decisión arbitraria que a un cumplimiento técnico de la norma.

Un votante emite su voto en un centro de votación en 2024 cuando el país celebraba elecciones presidenciales junto a un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. REUTERS – Vladislav Culiomza

Esta decisión es aún más inexplicable considerando el contexto de las elecciones moldavas. Informes de observadores internacionales en comicios anteriores han señalado problemas significativos como el aumento de la retórica negativa durante campañas, problemas de injerencia externa, cobertura mediática desequilibrada y uso indebido de recursos públicos. Ante este historial, lo lógico sería ampliar y diversificar la observación internacional, no restringirla. La credibilidad de unas elecciones no se construye rechazando observadores, sino facilitando una supervisión amplia y diversa.

La comunidad internacional debería ver con preocupación esta decisión de Moldavia. Un proceso electoral creíble requiere máxima transparencia y pluralidad de observadores, no restricciones basadas en tecnicismos. Si Chisináu realmente aspira a integrarse en Europa, debería revisar su decisión y abrir sus puertas a todos los observadores calificados, incluyendo a COFLAC. La credibilidad de sus elecciones y su futuro europeo dependen de que priorice la transparencia sobre el control y demuestre con hechos, no solo con discursos, su compromiso con los valores democráticos que dice defender.