JUDICIALES. La Cámara marca el rumbo: libertad para De la Fuente y Guzmán y un control judicial que jerarquiza garantías

Fernando Burlando aterrizó en San Juan y lo hizo para mover aún más la causa Garder. El jurista mediático impugnó la sentencia contra los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia, condenada por estafa y realizó una conferencia de prensa en donde señaló a efectivos del Servicio Penitenciario y otros funcionarios.

Por Santiago Rojas

San Juan. En un pronunciamiento que vuelve a poner a la Cámara de Apelaciones como garante de derechos, el tribunal revocó la prisión preventiva de Marilina Elisa De la Fuente y Eduardo Adrián Guzmán y ordenó su libertad. El voto del juez de Cámara, Dr. Correa, se destacó por reafirmar que la libertad es la regla y la prisión preventiva, la excepción, únicamente admisible ante riesgos procesales concretos, actuales y objetivos, extremos que —según la defensa del Dr. Benjamín Balmaceda— no se verificaban en el caso. El recurso previo ya había cuestionado la decisión de primera instancia por falta de fundamentos y por contrariar al CPP provincial, subrayando el arraigo, las cargas familiares y la conducta procesal irreprochable de los imputados durante todo el debate.

La resolución de Cámara no sólo restituyó la libertad: envió un mensaje institucional nítido sobre el límite al poder punitivo y el respeto a la presunción de inocencia. “Hay jueces que honran la Constitución cuando la hacen valer en casos concretos”, resumieron allegados a la defensa, que celebraron el estándar de motivación y control aplicados por el tribunal.

Fernando Burlando y al fondo su asociado, el penalista Javier Baños, durante una audiencia en la provincia cuyana.

Lo que viene: un recurso amplio con cuestión federal y reserva por responsabilidad internacional

En las próximas horas en fecha 4 de Septiembre del 2025, la defensa presentará un recurso de apelación que incorpora cuestión federal por gravedad institucional y potencial responsabilidad internacional del Estado argentino, con reserva del art. 14 de la Ley 48. El escrito —cuyos ejes ya están delineados— solicita que la Cámara revoque la condena y absuelva a De la Fuente y Guzmán por violaciones al debido proceso y a los estándares convencionales (CN, CADH y PIDCP); y, de modo subsidiario, que modifique la forma de cumplimiento a pena de ejecución condicional (art. 26 CP) por falta de fundamentación para imponer un encierro efectivo.

El planteo federal denuncia, entre otros agravios, la arbitrariedad de la sentencia de grado por:

Imputación vaga e imprecisa que afectó el derecho de defensa;

Prescindencia de prueba decisiva, incluida la imposibilidad de realizar pericias caligráficas sobre originales que nunca se exhibieron;

Desconocimiento de la pericia contable que descarta perjuicio a la administración;

Quebranto de la igualdad de armas y afectación del debido proceso;

Falta de fundamentos para desechar la vía de la condena condicional en imputados primarios, con arraigo y cargas familiares.

Incluso se detallan extremos objetivos: la petición principal de absolución y libertad inmediata, la invocación expresa de cláusulas constitucionales y convencionales, y la habilitación de instancia federal, todo asentado en el texto recursivo.

Un estándar que prestigia a la Cámara

La actuación del juez Correa y de sus pares vuelve a ubicar a la Cámara en su rol de contralor de legalidad: cuando una sentencia o una medida cautelar se apartan de la ley y los tratados, el tribunal corrige el rumbo. En este expediente, ya lo hizo al poner fin a una prisión preventiva carente de basamento —como había señalado la defensa al impugnar la decisión del juez de primera instancia y exigir la aplicación de medidas menos gravosas conforme al CPP—, y ahora tendrá la oportunidad de examinar con lupa la condena cuestionada a la luz de los estándares más exigentes de la Corte Suprema y de la jurisprudencia interamericana.

El caso Garder–OSP deja, así, una imagen clara: una Cámara que escucha, fundamenta y protege garantías. Un poder judicial que, lejos de las consignas, habla con decisiones. Y jueces que, como el Dr. Correa, ponen la Constitución en acto.