MIRADAS. ¿Qué significa el concepto de lawfare o guerra jurídica?

Los países centrales van renovando sus herramientas sumergentes hacia las periferias para obtener resultados estratégicos, y entre ellas, la guerra jurídica viene ocupando un papel preponderante en América Latina. El más reciente ejemplo es el de la condena al dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, un leading case de persecución judicial sin fundamentos constitucionales.

Por Alejo Brignole y Hernán Cardo

En los últimos años irrumpió con fuerza y notoriedad un concepto táctico denominado lawfare o guerra jurídica, aplicado a un tipo de guerra silenciosa para desestabilizar Estados o procesos políticos, e incluso inhibir personas. La persecución judicial de Julian Assange por las filtraciones de Wikileaks es quizás un caso paradigmático de esta modalidad de ataque mediante recursos legales.

 El vocablo inglés lawfare (que aún no fue incluido como palabra aceptada en el diccionario Inglés de Oxford) es una contracción gramatical de las palabras Law (ley) y warfare (guerra) y que es aplicado a un tipo de confrontación indirecta y encubierta entre los Estados centrales y periféricos, o bien entre bloques estratégicos confrontados. En el caso de Latinoamérica, el lawfare se encuadra dentro de las nuevas tácticas del poder blando que buscan obtener resultados dirigidos en sistemas democráticos en apariencia libres. La persecución judicial de los candidatos de la izquierda en diferentes países es un excelente ejemplo del lawfare. La judicialización de la candidatura de Lula en Brasil y las trabas legales y acusatorias para impedir que se presente –y arrase–, en las próximas elecciones, es un ejemplo claro de su aplicación. El encarcelamiento del vicepresidente en funciones, Jorge Glas, en Ecuador, fue también una muestra de esta modalidad de guerra jurídica destinada a doblegar o encausar procesos políticos inconvenientes al sistema hegemónico. Sin dudas la Casa Blanca se encuentra actualmente abocada a intensificar el lawfare para desacreditar e inhibir el andamiaje político construido por la izquierda latinoamericana en los últimos quince años. El golpe blando a Dilma Rousseff, acusada de cargos que finalmente no fueron probados, o la persecución judicial del gobierno de Macri contra sus opositores y sin respetar las debidas garantías procesales, sirven de ejemplo para visualizar cómo el factor judicial puede ser utilizado como arma eficaz en la llamada guerra asimétrica.

Pero para entender mejor lo que significan algunos de estos conceptos relativamente nuevos en la geopolítica mundial debemos remitirnos al libro Guerra Irrestricta: Nuevo Concepto en un Mundo Globalizado, escrito por dos coroneles de la Fuerza Aérea China.

Tras unas maniobras militares de 1996 que se vieron amenazadas por la presencia de dos portaviones estadounidenses en el Estrecho de Taiwán en un claro acto disuasorio y de amenaza implícita, estos dos coroneles chinos iniciaron una reflexión estratégica que fue plasmada en el libro señalado, publicado tres años después, en febrero de 1999.

A pesar de la aparente lejanía que separan los desafíos estratégicos asiáticos con los de América Latina, los autores Qiao Liang y Wang Xiangsui, enumeraron algunos aspectos de la guerra irrestricta que se lleva a cabo en múltiples frentes –muchos de los cuales podemos identificar claramente en nuestra realidad latinoamericana desde hace ya varias décadas, e incrementados en los últimos años–.

En un pasaje de su libro, los autores formulan la siguiente pregunta: ¿Qué es la guerra irrestricta? Y responden… “Son ataques integrados explotando diversas áreas de vulnerabilidad: Guerra Cultural, controlando o influenciando los puntos de vista culturales de la nación adversaria. Guerra de las Drogas, invadiendo a la nación adversaria con drogas ilegales. Guerra de la Ayuda Económica, empleando la dependencia a la ayuda financiera para controlar al adversario. Guerra Ambiental, destruyendo los recursos ambientales de la nación adversaria. Guerra Financiera, subvirtiendo o dominando el sistema bancario del adversario y su mercado de valores. Guerra de las Leyes Internacionales, subvirtiendo o dominando las políticas de las organizaciones internacionales o multinacionales. Guerra Mediática, manipulando los medios de prensa extranjeros. Guerra de Internet, mediante el dominio o destrucción de los sistemas informáticos transnacionales. Guerra Psicológica, dominando la percepción de las capacidades de la nación adversaria. Guerra de Recursos, controlando el acceso a los escasos recursos naturales o manipulando su valor en el mercado. Guerra de Contrabando, invadiendo el mercado del adversario con productos ilegales. Guerra Tecnológica, ganando ventaja en el control de tecnologías civiles y militares claves.” 

Si comparamos este texto y sus evidentes analogías con nuestra realidad regional, llegaremos fácilmente a la conclusión de que, en efecto, estamos en medio de una guerra que se desarrolla en varios frentes larvados o poco manifiestos. Una guerra que se define en los medios de comunicación y en la economía internacional, además de incluir los aspectos culturales para la penetración ideológica. Y por supuesto el área jurídica, como ya hemos visto.

El sorpresivo vuelco de Lenin Moreno tras hacerse con la presidencia de Ecuador en 2017, acusando y destituyendo a su propio vicepresidente es un ejemplo prístino sobre cómo ciertos recursos legales pueden ser utilizados para neutralizar a incómodos adversarios políticos. Las nuevas modalidades desplegadas por la Casa Blanca en América Latina se sirven así de estos elementos que resultan aplicables en unas democracias caducas y secuestradas por las minorías, tal como ocurre en Brasil bajo el gobierno de Temer, o en Argentina con Mauricio Macri.

Actualmente existe un consenso generalizado entre analistas de todo el mundo, que en las últimas décadas y a partir de 1980 con la Era Reagan en EE.UU y el thatcherismo en Gran Bretaña, las democracias han sufrido un paulatino deterioro en detrimento de los ciudadanos y en favor de las corporaciones. Este fenómeno resulta tangente al deterioro de las garantías constitucionales, jurídicas y humanas que fueron barridas tras el 11-S.

Este caldo de cultivo ha propiciado las condiciones para que también en América Latina haya tomado forma esa guerra jurídica diseñada desde las usinas de pensamiento estadounidenses. Nuestras democracias, claramente condicionadas por los mercados y las oligarquías locales manejando los asuntos públicos, se han vuelto permeables a toda clase de vulneraciones institucionales. En una guerra jurídica, eso significa vencer a la oposición utilizando la ley mediante aplicaciones espurias o interpretaciones claramente lesivas del derecho, pero legitimadas por el poder mediático, que es la parte aliada indispensable de la guerra asimétrica. El caso actual de Martín Sabbatella, en donde la tríada Grupo Clarín-Poder Judicial y Gobierno Nacional operan en sintonía para quitar de en medio a un adversario político y enlodar su trayectoria, es todo un ejemplo de cómo opera este lawfare.