El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, permanece en prisión preventiva desde hace 60 días, acusado de cinco delitos en un proceso sezgado por el lawfare. La fiscalía lo imputó por administración desleal, cohecho, delito concursal, fraude al fisco y estafa, sin presentar evidencias concluyentes tras tres años de investigación.
Farmacias populares en la mira
El caso se originó a partir de la implementación de farmacias populares, política impulsada por Jadue que desafió el modelo de libre competencia en el mercado farmacéutico chileno. Esta iniciativa, replicada en más de 170 municipios, busca ofrecer medicamentos a precios accesibles para la población.
Cuestionamientos al trato diferencial
Expertos legales señalaron la desproporción en el trato a Jadue comparado con casos de alcaldes de derecha. «En situaciones similares e incluso con pruebas más concretas, a ediles de partidos conservadores solo se les aplicó arresto domiciliario», afirmó un abogado constitucionalista consultado.
Prisión preventiva como herramienta política
La defensa de Jadue denunció irregularidades en el proceso. «Se está vulnerando de manera irreparable el derecho a la participación política de Daniel Jadue, electo por mandato popular», declaró uno de sus abogados. Esta medida cautelar se interpreta como un intento de apartarlo de la carrera presidencial.
Impacto en el panorama político
El caso ha generado preocupación entre sectores de izquierda, que ven en él un intento de socavar proyectos transformadores. «Buscan derribar cualquier posibilidad de cambio que existía en Chile, no solo con las farmacias populares sino con todo lo que representa Jadue como político de izquierda», expresó un analista político.
Debate sobre el sistema judicial
El proceso contra Jadue ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en Chile. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su inquietud por el uso del sistema legal como herramienta de persecución política, poniendo en entredicho la solidez democrática del país.
Quinto Poder 
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