ARGENTINA. Litigio judicial en Entre Ríos: «He solicitado personalmente a mis abogados que radiquen las denuncias correspondientes contra todos los magistrados involucrados» advirtió el exgobernador Sergio Urribarri.

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El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, acusado de diversos delitos contra la cosa pública y con peligro de ser condenado a 8 años de cárcel, ha hecho públicas recientemente una serie de invectivas y aclaraciones contra lo que él considera una persecución judicial que rompe todas las reglas del juego democrático y vulnera las garantías civiles. Al respecto señaló que: «Como alguien que ha servido a su provincia y a su país en múltiples roles siempre he creído en la justicia y en el respeto por las instituciones democráticas. He sido intendente de mi partido, dos veces diputado, presidente dela cámara de diputados, dos veces gobernador y embajador argentino ante el Estado de Israel. Conozco de primera mano cómo funcionan y cómo pueden fallar las instituciones republicanas. Por ello me veo obligado a dirigirme al pueblo de Entre Ríos para que comprenda la flagrante corrupción que -lamentablemente- se ha infiltrado en las altas esferas de la magistratura provincial». Y agregó: «No se trata del Poder Judicial. Sentimos el mayor de los respetos por la institución del Poder judicial. Son algunos jueces y miembros del Ministerio Público, muy puntuales. Durante años he soportado las persecuciones judiciales orquestadas por un procurador sin escrúpulos, cuyas inconductas han causado un grave daño al Poder Judicial de la Provincia. Este individuo (que inexplicablemente continúa teniendo su despacho dentro del palacio de justicia del Poder Judicial) en connivencia con la destituida fiscal Goyeneche, ha tejido una red de ilegalidad sin precedentes en nuestra historia provincial.»

El exgobernador Urribarri delegó su defensa en el prestigioso buffete de abogados que dirige Fernando Burlando y lleva su causa el ex Fiscal Javier Ignacio Baños, asociado a Burlando en este y otros muchos casos de relevancia mediática,

Urribarri también señaló que: «Existen múltiples pruebas que ponen en evidencia la existencia de este entramado judicial ilegal y el Sr. Maya -toda una referencia política institucional en la provincia- ha hecho pública su denuncia en diferentes medios de comunicación. El Sr. Procurador General ha decidido que sólo dos fiscales “investiguen” todas las causas más sensibles de la provincia. Todas las “investigaciones” más relevantes quedaron dentro de la exclusiva órbita de influencia de dos fiscales puestos a dedo sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de “competencias” al resto de sus colegas.» denunció.

«Uno de ellos -señaló- el Fiscal Gonzalo Badano, ni siquiera tiene por ley jurisdicción territorial para actuar en la ciudad Paraná (porque el concurso público que había ganado era para la localidad de Gualeguaychú). Bajo el disfraz de combatir la corrupción, el procurador ha concentrado todo el poder de investigar los delitos políticamente sensibles en sus manos, designando a dedo fiscales sin competencia y desplazando a aquellos que se oponen a sus maquinaciones.»

Sobre la falta de garantías constitucionales y vicios procesales que Urribarri advierte en las causas en su contra, detalló: «En un proceso judicial amañado, he sido condenado sin pruebas, sin testigos, sin documentos. Incluso una de las fiscales puestas a dedo por este procurador admitió en su alegato y ante los medios de comunicación la falta absoluta de fundamentos para una acusación: “no hay pruebas, no hay testigos, no hay documentos” dijo textual. La otra de las fiscales que participó en la acusación -Dra. Cecilia Andrea Goyeneche- forma parte de una mesa judicial corrupta y ha sido desplazada de su cargo por graves irregularidades (hechos corrupción), quela justicia no investiga porque nadie puede investigarse a sí mismo. En este contexto de arbitrariedades, el procurador utiliza a la justicia como un instrumento para la extorsión y la persecución política. La condena a ocho años de prisión que se me ha impuesto, es el resultado de un juicio plagado de irregularidades»

Sobre este particular, el exsenador y exgobernador de Entre Ríos enumeró la trastienda oscura que -según Urribarri- yace tras sus acusaciones y condenas. En este sentido expuso que :

Se arma una causa judicial entre tres personas: el periodista Daniel Enz, el Procurador y la ex fiscal Goyeneche;

El portal de Enz publica una pseudo “nota periodística” contra las

personas a las que previamente se decidió perseguir.

La “fiscalía anticorrupción” con sus tres fiscales puestos a dedo –uno de ellos la fiscal Goyeneche paradójicamente desplazada por corrupción- levantan la “noticia criminal”.

Se instruye una pseudo “investigación”.Se opera a las sombras de las diferentes instancias para lograr una condena.

En “primera instancia” la condena la firma el cuñado de la juez que luego la confirma en “segunda instancia”.

Las otras juezas que firman el fallo son la pareja del procurador miembro de la mesa judicial y la esposa de mi enemigo declarado, en multiplicidad de notas periodísticas.

Pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, las otras dos juezas (la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del procurador) dicen que no hay imparcialidad, rechazan las recusaciones y confirman el fallo.

Hay un principio elemental de sentido común que dice que lo evidente, no debe ser demostrado. Es evidente que hay parcialidad si te juzga la esposa de tu enemigo.

Es evidente que la justicia no gana en transparencia si la cuñada del juez de primera instancia es la encargada de confirmar sus fallos.

Es evidente que si el procurador es quien arma las causas y su pareja confirma los fallos en el superior, no hay posibilidad de defenderse.

Es evidente que el procurador no puede concentrar el poder de investigar todos los delitos de corrupción (sin turnos, sin sorteos, sin distribución objetiva de trabajo) porque ello desplazando de su competencia natural a todo el resto de los fiscales de la Provincia y constituye un abuso de poder exorbitante.

Es evidente que ello no es compatible con un estado de derecho:

¿Quién investiga al Procurador?

14. El periodista Daniel Enz fue durante décadas socio principal de un pedófilo condenado por abuso sexual agravado ya que quedó acreditado que junto a una red de pedofilia hacían participar a niños en hechos sexuales aberrantes (ritos sexuales en los que involucraban a menores de edad).

El mismo periodista Daniel Enz, fue imputado por la Unidad Fiscal de Gualeguaychú -mediante Legajo 4609- por reproducir imágenes pornográficas infantiles y revelación de información registrada en archivos de datos personales -arts. 128 y 157 bis inc. 2 del CP16.Sin embargo, el Procurador Jorge Amilcar Luciano García mediante resolución 039 del 17 de mayo de 2018, le ordenó a la fiscalía interviniente que cese de investigar y que archive el expediente.

Evidentemente, estamos en presencia de un escándalo institucional sin precedentes en la provincia. Se ha concentrado en una sola fiscalía (“fiscalía anticorrupción”) una enorme cantidad de poder que no es legítimo concentrar en un estado democrático de derecho.No es posible tolerar institucionalmente que todas las causas más sensibles de una provincia sean “investigadas” o “pseudo investigadas” por dos únicos operadores. Porque la concentración de poder tiende a corromper. “El poder absoluto, corrompe absolutamente.”

Nótese que una de las tres fiscales que investigaban los delitos de corrupción, era corrupta: la fiscal Cecilia Andrea Goyeneche. Ella fue filmada mientras coaccionaba testigos para que declaren en contra del imputado. Parece una locura, pero esto es lo que sucedió: Una de las únicas tres fiscales designadas a dedo por el procurador para investigar la corrupción -la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche- fue destituida por corrupción.

Los abogados Fernando Burlando y Javier Baños asumieron la defensa de exgobernador Urribarri y se muestran optimistas antes la gravedad de los vicios procesales y la endogamia judicial de Entre Ríos que no garantiza un juicio justo.

El alegato de apertura del juicio contra mi persona (ex gobernador URRIBARRI) fue realizado por una fiscal que no reunía las calidades de idoneidad moral para acusar a nadie.

Por más que queden en evidencia prevaricatos; abusos de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionarios; falsedades ideológicas y arbitrariedades de todo tipo, si la decisión ya está tomada de ante mano, nada de lo que se diga para defender a una persona importa. Frente a una causa judicial armada no valen los argumentos.

Esta semana, la denuncia pública de Héctor Maya ha arrojado luz sobre este cáncer institucional que amenaza a nuestro estado provincial.

Es hora de poner fin a esta farsa. He instruido a mis abogados a fin de iniciar el juicio político contra el procurador y los magistrados cómplices de estas irregularidades.

La continuidad de nuestras instituciones democráticas está en juego. No podemos permitir que un falso periodista y un procurador corrupto pongan en peligro los derechos y las libertades de todos los habitantes de Entre Ríos.

Sobre derechos y garantías en el orden jurídico actual

Preocupado por la gravedad institucional que implican los vicios procesales y administrativos en sus causas, Urribarri suplicó a las autoridades competentes tomar conciencia sobre la gravedad institucional de los hechos que se denuncian.

El procurador General Jorge Almicar Luciano García debe ser suspendido de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos que se le imputan.

Los actos de corrupción deben ser castigados con todo el peso de la ley, pero nadie puede investigarse a sí mismo.

Los supuestos fiscales anticorrupción fueron elegidos a dedo por el procurador.

He sido condenado por el cuñado de la juez de Casación.

Una de las juezas de Casación es la pareja del procurador y Urribarri puso énfasis en esta situación que enturbia severamente la causa y explicó:.

«La otra jueza está casada con mi enemigo público. La tercera jueza es la cuñada del juez que dicta la condena en primera instancia.

La fiscal que me acusó fue desplazada por corrupta.

Al terminar el juicio, la otra fiscal que me llevó a juicio reconoció que formuló su acusación “sin pruebas, sin testigos y sin documentos”. Se violaron la Constitución Nacional; la Constitución Provincial; el código de procedimiento y una multiplicidad de leyes nacionales y provinciales.

Entre otras se vulneraron los arts. 209, 210, 211, 212, 213 y concordantes de la Constitución de esta Provincia. Para ser más exacto, el acusado y exgobernador Urribarri, hizo una relación pormenorizada sobre las faltas cometidas en su proceso y enumeró:

Se violó la ley provincial 5140.

Se violó la ley provincial 6963.

Se violó la ley provincial 9981.

Se violó la ley provincial 10327.

Se violó la ley provincial 11043.

Se violó la ley nacional 19550.

Se violó la ley nacional 24059.

Se violó la ley nacional 24521.

Se violó la ley nacional 24520.

Se violó la ley nacional 25506.

Se violó el código de procedimiento penal de la provincia den multiplicidad de oportunidades (ni siquiera se respetaron las cadenas de custodias de los objetos secuestrados.

Se practicaron escuchas ilegales sin autorización judicial, violando las leyes respectivas y lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Halabi”; Ac 17/19).

Se invadieron competencias de otros poderes apartándose de todos los dictámenes excluyentes de los organismos de control constitucional.

Se ignoraron TODOS los informes de los organismos de control del gasto que habían aprobado todas y cada una de las actuaciones administrativas.

El juez del tribunal que condena (José María Chvevez) es el cuñado de la juez que confirma la sentencia (Marcela Devite). Marcela Devite es -además de cuñada del juez del TOC- amiga íntimade su colega Marcela Badano (juez del tribunal de casación) que también confirma el fallo y que -a su vez- es la pareja del Procurador General ante el Superior Tribunal.

Marcela Badano, la jueza recusada por su relación con el procurador.

El procurador general, está indicado como posible columna esencial de esta “mesa judicial”. En forma absolutamente discrecional es quien ha colocado a dedo a los fiscales que “investigaron” el caso y lo llevaron a juicio (Patricia Yedro y Gonzalo Badano).

Gonzalo Badano -puesto a dedo en la fiscalía anticorrupción por el procurador general, ni siquiera tenía “competencia” territorial en el departamento en el que finalmente se lo colocó.

 La tercera juez del tribunal de casación Evangelina Bruzzo, está casada con el enemigo público declarado -Juan Ruiz Orrico- (en infinidad de notas periodísticas que se acompañaron como prueba) de la persona a la que condenan.

La Fiscal Cecilia Andrea Goyeneche, apartada de su cargo por actos de corrupción, está filmada coaccionado testigos para que declaren en contra del peticionante en un juicio criminal.

Toda la evidencia digital que ha servido de base para el requerimiento de remisión a juicio contra URRIBARRI se sostiene en prueba obtenida de manera ilegal, violando el código procesal penal de la provincia en el capítulo VI; la ley 24.521; la RES 1254/18 del Ministerio de Educación de la Nación; la RES 309/07 UNER; la Ley Provincial n° 8.815; la AC 35/18 del STJER; la ley 9.498; etc.

El procurador ejerce influencias indebidas para que el Superior Tribunal no revise el fallo.

El periodista Daniel Enz, que inventa las causas con el procurador, fue imputado por difusión de pornografía infantil y encubierto por el Procurador General mediante resolución 039/18. Es un pedófilo y socio de un pedófilo que utilizaba niños en rituales sexuales y hoy – gracias a la

impunidad que le otorga su amistad con el procurador- pese haber sido condenado a 20 años de prisión, goza de arresto domiciliario: está de vacaciones en su lujosa casa.

Daniel Enz fue investigado por la justicia, pero el propio procurador lo encubrió y ordenó el archivo de su causa. Como se ve los hechos reseñados constituyen casos paradigmáticos de arbitrariedad y corrupción judicial.

He solicitado personalmente a mis abogados que radiquen las denuncias correspondientes contra todos los magistrados involucrados. Asimismo, se iniciará el proceso constitucional para requerir la suspensión y posterior destitución del Sr. Procurador Jorge Almilcar Luciano –concluyó el exgobernador Sergio Urribarri, en un descargo público para que se pueda entender el entramado judicial que opera en el poder judicial de la provincia de Entre Ríos