En medio de esta sesión histórica que debate el proyecto de legalización del aborto, las intervenciones de los y las legisladoras muestran una división transversal. Sin importar a la fuerza política a la que pertenecan, oficialistas y opositores hoy se dividen entre «providas» y «marea verde».
Diputados y diputadas nacionales de diferentes bloques se manifestaron este jueves en el recinto a favor y en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se debate en la cámara baja y que se estima que se votará cerca de las 6 de la mañana.
A abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Cecilia Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».
Moreau afirmó que ambas iniciativas «profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive».
La diputada del bloque del PRO, Adriana Cáceres, sorprendió y conmovió durante su discurso, de poco más de siete minutos, en el que argumentó su postura a favor de la iniciativa del Ejecutivo nacional desde diferentes perspectivas, para terminar su intervención al decir «el embarazo será deseado o no será. Que sea ley», mientras levantaba su puño en señal de fuerza, con un pañuelo verde en su muñeca.
En otro extremo, la diputada del Pro, Carmen Polledo, defendió el dictamen de minoría de rechazo al aborto y señalo que la iniciativa busca la «eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida». En su discurso, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, consideró que «el embrión es un ser humano con ADN propio y por eso tiene derecho desde la concepción».
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) sostuvo que el proyecto «no va contra de las creencias de nadie» y recordó que «hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad».
Para la presidente de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, se trata de «un día histórico para las mujeres de nuestro país», y consideró que «no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública».
En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que el presidente Alberto Fernández, «envió un proyecto que nos divide» y se preguntó: «Con qué cara vamos a decir que es una prioridad este tema con 44 por ciento de pobres».
En cambio, su par de bancada, el presidente de la Coalición Cívica, Máximiliano Ferraro, señaló que «la dimensión de mi voto positivo va más allá de mi espiritualidad, de mis creencias, de lo que soy como individuo o de la pertenencia a un partido».
«Mire, por mi orientación sexual, me siento parte de un grupo de personas que durante mucho tiempo fuimos ciudadanos de segunda y parte de una sociedad que nos educó para la vergüenza», sostuvo.
A su turno, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, sostuvo que «despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento». La diputada del Frente de Todos además destacó que se trata de «una de las leyes más importantes» que se necesitan «desde el regreso de la democracia».
Desde el mismo oficialismo, el ex gobernador de la Rioja Sergio Casas dijo que «busco representar el sentir mayoritario del pueblo riojano, guiándose «por la ética racional y el orden jurídico-constitucional que contempla el respeto por el derecho a la vida desde la concepción».
Por otra parte, la diputada del Frente Misionero de la Concordia, Flavia Morales, anticipó que votará a favor pese a que en el 2018 lo hizo en contra. «La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“, agregó.
Por su parte, el legislador de Unidad y Equidad Federal, el mendocino José Luis Ramón, insistió con su proyecto de llamar a una consulta popular sobre el aborto y dijo que «este debate no puede ser resuelto por mayorías circunstanciales».
La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, habló desde el hospital en el cual se encuentra internada y señaló que «de ningún modo es en contra de la vida» y «por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia».
La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag dijo que «el aborto no es la solución» y que si se quiere «que el Estado esté presente, entonces trabajemos para llegar antes».
La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos) sostuvo que la discusión «no es aborto si o aborto no» sino que «tenemos la posibilidad de legislar para las próximas generaciones».
La diputada del PRO Victoria Morales Gorleri consideró: «Nos encontramos ante la crueldad de un sistema que quiere definir por ley quiénes tienen derecho a vivir y quiénes deben ser eliminados. Es el retroceso de la humanidad. Es el fracaso del Estado. Es el fomento de la Cultura del Descarte».
La legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, señaló al defender el proyecto de legalización del aborto que «no hay oportunismo, sino que existe una urgencia de vidas en juego» y señaló que el Presidente Alberto Fernández «está cumpliendo con lo que prometió en la campaña».
Por su parte, el diputado socialista por Santa Fe Luis Contigiani señaló que «para los que defienden esta ley, hay un solo protagonista, que es la mujer». «Lo hacen de buena fe, pero tienen que invisibilizar que hay vida en el feto, Porque están convencidos de esa idea sobre la persona humana», añadió.
En cambio, Enrique Estévez, también diputado socialista por Santa Fe, respaldó el proyecto y señaló que «cambiar esta realidad es un acto de justicia social». «Tenemos que hacernos cargo. El aborto no es un hecho individual, es un hecho social y colectivo. Estamos hablando de un derecho humano del acceso a la salud integral», remarcó el diputado.
La diputada mendocina de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, destacó que “no estamos aquí debatiendo ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, sino que el eje del debate debe ser ‘Aborto seguro y Estado presente’ o ‘Aborto Clandestino y Estado connivente’». «No podemos negar la realidad, ni interponer creencias y dogmas en un Estado laico que debe legislar para todos sus ciudadanos”, agregó.
Desde la misma coalición opositora, la legisladora que se identifica como militante «provida», Dina Rezinovsky, afirmó que «la deuda con las mujeres no es el aborto», y cuestionó al Gobierno nacional por enviar el proyecto al Congreso al afirmar que «el aborto no es un derecho» y que el «derecho es tener un trabajo digno, una casa y cloacas».
En tanto, al anticipar su respaldo, la diputada radical, Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) afirmó que legalizar el aborto permitiría «evitar y disminuir muertes dolorosas». «Si esta ley se sanciona no va a obligar a nadie a abortar, pero a aquella mujer que de manera dolorosa decida hacerlo, se le darán las opciones hasta la semana 14», completó.
La legisladora del Frente de Todos Vanesa Massetani cuestionó a quienes se refieren al embrión como un «fenómeno», al señalar que «resulta revelador lo que puede hacer el fenómeno» que «se mueve, agita el brazo, la cabeza, toma líquido amniótico y hace pis».
En cambio, la diputada del Frente de Todos, Florencia Lamprebe, dijo que «estamos por votar este derecho que es un pendiente histórico» y dijo que esta ley «se debe votar porque el aborto sucede y es una realidad que mueren muchas mujeres».
«Maternar puede ser el mayor acto de amor pero debe ser parte de un deseo, si no es violencia, imposición e injusticia, y más cuando se da en una sociedad patriarcal y machista», agrego la legisladora.
El diputado de izquierda Juan Carlos Giordano, quien asumió en lugar de Romina del Plan, afirmó que «el aborto legal salva vidas y esa es la apura realidad», ya que la «maternidad debe ser deseada» y pidió «la separación del Estado de la Iglesia».
El legislador Martín Maquieyra (PRO-La Pampa) lamentó que el aborto sea «la prioridad» del Gobierno nacional y cuestionó al oficialismo por lo que consideró un «tratamiento exprés» de la iniciativa, al recordar que en 2018 se escucharon 700 oradores y en esta oportunidad «no más de 30 de cada postura».
Fernando Iglesias (PRO), en tanto, se mostró a favor del proyecto aunque consideró «oportunista» el envío de la iniciativa y propuso que se modifique el texto y sobre el límite de la semana 14 de gestación para realizar la práctica. «Existe un momento en que el embrión se convierte en un feto viable y esto tiene que estar en la ley», dijo.
Desde Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, anticipó su voto en contra del proyecto y afirmó: «Les digo a los funcionarios que quieren montar un festejó acá, que esto termina en el Senado».
Al anticipar su respaldo al proyecto, el diputado radical Fabio Quetglas sostuvo que «imponer un embarazo es un ejercicio de sometimiento asimilable a una práctica tortuosa» y dijo que «el bloqueo a esta iniciativa tiene una carga de negación, siglos de frustraciones y fracasos».
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Leonor Martínez Villalda, consideró que «el derecho de la mujer tiene un límite» y dijo que «no se puede cruzar el límite de la vida».
Quinto Poder 
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