Fuerte entredicho entre el Gobierno paraguayo y el delegado de la ONU por las niñas de 11 y 12 años asesinadas

El fiscal Federico Delfino, quien investiga la muerte de dos niñas de nacionalidad argentina en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se destruyeron y que tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como dijo ayer un médico forense.

Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario asunceño Ultima Hora.

Una de las críticas partió del representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien esté domingo calificó la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.

El duro pronunciamiento de Jarab disparó una inmediata reacción del Gobierno paraguayo, que vía Cancillería emitió una declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por «insinuar una posible alteración de los hechos» ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.

«Este hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo», señala el escrito.

En tanto, el forense Cristian Ferreira había dicho este sábado que las edades de las niñas oscilaban entre los 15 y 18 años, aunque ayer mismo se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.

La mujer precisó que las pequeñas fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.

“Se tomaron muestras las vestimentas y por esta cuestión del Covid, según el procedimiento, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó el agente del Ministerio Público.

Asimismo, durante una entrevista al programa La Lupa, de Telefuturo, añadió que las otras prendas halladas en el campamento «también se destruyeron luego de las muestras fotográficas».

El fiscal Delfino también señaló que se solicitó la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres”. “Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.

La destrucción de las ropas recibió diversas críticas, entre ellas la de la excandidata presidencial Lilian Soto, quien fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó el fiscal.

Por otro lado, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte y exigió «una investigación seria, exhaustiva e imparcial» sobre los hechos acontecidos. En tanto, el Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas «sea investigada y aclarada».

En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”, en referencia a la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército paraguayo, responsable de la muerte de las pequeñas.