La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica (Apsee), cuyo secretario general es Carlos Minucci, señaló este sábado su «preocupación» ante «la desastrosa administración de las compañías generadoras y distribuidoras» de electricidad, y reclamaron que el servicio sea reintegrado al Estado nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostiene que produce «desazón» observar «la ausencia de responsabilidad de las privadas, luego del extenso tiempo transcurrido desde que se hicieron cargo del servicio, durante el cual nunca cumplieron el contrato de concesión» respectivo.
«Ese contrato determinó la necesidad de mantener la calidad del servicio público. El maquillaje no es suficiente, porque solo enmascara las serias deficiencias de las prestaciones. Los directivos privilegiaron la caja y evitaron las inversiones para sortear el derrumbe de la red y soslayar la cantidad de los prolongados cortes, invisibilizados detrás de la pauta publicitaria», señala la misiva.
Asimismo, el comunicado del gremio de extrabajadores considera que a los directivos de estas firmas nunca «les tembló el pulso para ocultar la falta de mantenimiento y obsolescencia de las instalaciones y tampoco para demostrar insensibilidad ante el ruego de los usuarios de que restablezcan la energía», y rechazaron que «los reclamos despersonalizados sean respondidos por grabaciones realizadas a la medida de cada requerimiento».
«La ausencia de escrúpulos de los empresarios que administran la industria eléctrica, muchas veces desde el exterior, produce que no les importe lo que venden sino la rentabilidad y la mera distribución de los dividendos», expresan.
Jubilados y pensionados del sindicato aseguraron que esos directivos «no están habilitados para operar empresas de servicios esenciales de interés nacional y popular, ya que la energía eléctrica es considerada un derecho humano».
También enfatizaron que el personal de conducción del gremio siempre fue «el capital humano considerado servidor público, encargado de sostener hasta con el precio de sus vidas el buen funcionamiento del servicio», y denunciaron que las compañías niegan de forma permanente «las actualizaciones salariales de los trabajadores más calificados, que deben garantizar las prestaciones sin fallas».
«No obstante la vigencia de tarifas dolarizadas, optan por desacreditar al personal estable y otorgar a terceros tareas de relevante importancia, por lo que en esas condiciones es preciso que el servicio sea reintegrado al Estado», concluyeron.
Quinto Poder 
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