La Ciudad adhiere al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este lunes la adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, aunque impulsó medidas adicionales, como un plan de prevención del embarazo no deseado y otro de asistencia a la mujer gestante.

En su anuncio, Rodríguez Larreta recordó que «el 16 de julio la Legislatura porteña sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas».

«Respetando esa decisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada», agrega.

De esta manera, el Gobierno porteño determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones «anti derechos» en las últimas semanas, ya que hoy vencía el plazo legal para hacerlo; y anunciar medidas complementarias para evitar, por ejemplo, embarazos no deseados y agilizar el sistema de adopciones.

«el 16 de julio se sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional ILE por causas justificadas».

El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

Vale decir, que este protocolo no «legaliza» la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier caso, sino solamente en las tres situaciones ya mencionadas del Código Penal, siendo que esta práctica debía realizarse de oficio en los hospitales, pero, muchas veces por la «objeción de conciencia» de algunos médicos no se garantizaba la interrupción para las mujeres que así lo requirieran.

Respecto al anuncio, el diputado Claudio Romero, del bloque oficialista Vamos Juntos (VJ), consideró un «acierto» la decisión de generar el programa «A la par», destinado a fortalecer la prevención de embarazos no deseados y acompañar a mujeres que podrían acceder a la ILE pero deciden no hacerlo.

«en principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional», afirmó LAURA VELASCO.

Además, definió como «oportunas» las medidas tendientes a garantizar el funcionamiento efectivo del Registro único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.

Por otro lado, el legislador coincidió con el compromiso del Gobierno porteño con la «plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia» por parte de los médicos respecto del ejercicio de la ILE, y con la instrucción dada al Ministerio de Salud para crear un programa de derivación «con garantía de acceso a una práctica segura».

En la votación del 16 de julio último, Romero se manifestó en contra de la adhesión, y hoy expresó su «respeto por el funcionamiento democrático de las instituciones».

«con la pandemia, se recrudecieron los problemas de las mujeres particularmente de los barrios más humildes» remarcaron desde el Frente de Izquierda.

Por su parte, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, quien preside la comisión parlamentaria de Mujer, infancia, adolescencia y juventud, expresó que «en principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional».

Y agregó: «Estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral para decidir, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción».

Sin embargo, en referencia a la vigencia del derecho a la libertad de conciencia, advirtió: «Lo que sí nos preocupa del anuncio oficial es la posibilidad de que se restrinja la aplicación del protocolo; veremos que plantea la reglamentación, esperando que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría y la participación de todos los bloques».

Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, expresó por su parte que «el movimiento de mujeres y la diversidad hemos logrado la sanción favorable al protocolo de ILE en la Legislatura, ahora necesitamos la aprobación urgente del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso Nacional».

Por otro lado advirtió que «con la pandemia, se recrudecieron los problemas de las mujeres, el aumento enorme de la violencia de género y la imposibilidad de muchas, particularmente de los barrios más humildes, para acceder a métodos anticonceptivos».

Barry también se refirió a la postura de algunas organizaciones que se oponen al aborto y que se manifestaron en los últimos días: «Hablan en nombre de la vida pero la realidad es que cada momento que pasa, que no se aprueban estos derechos se paga con la salud y la vida de muchas mujeres. No lograron que se derogara la ley de ILE por la fuerza de nuestra pelea. Seguiremos peleando porque haya educación sexual en todas las escuelas y por la separación de la Iglesia del Estado».